Recién acabado el curso escolar, los docentes se muestran satisfechos con el trabajo realizado pese a que el confinamiento obligó a improvisar una inédita dinámica de trabajo en tiempo récord y con recursos limitados. Pero también manifiestan su preocupación porque la vuelta al colegio sigue sin concretarse por parte de las administraciones competentes y suma nuevos interrogantes después de la última reunión del Ministerio de Educación con las comunidades autónomas esta semana.
“Nos hemos dejado la piel”, asegura el presidente provincial de la Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza (ANPE). “Nos hemos adaptado rápidamente y hemos dedicado muchas más horas de lo habitual, prácticamente todo el día a nuestra tarea”, remarca. Y valora, igualemente, el esfuerzo del alumnado y sus familias. “No ha habido aprobado general, hemos tenido en cuenta los dos primeros trimestres y los avances del tercero con cierta flexibilidad”, agrega.
Porque la brecha digital ha marcado el último tramo del curso. “Hay docentes que no han contado siquiera con una conexión a internet porque se trata de interinos que cubrían tres semanas de baja y han pasado el confinamiento en un piso de alquiler”, explica Moisés Martín, responsable de Comunicación de la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y trabajadores en Andalucía (Ustea).
“Aunque lo verdaderamente triste ha sido comprobar cómo no llegábamos a parte de los estudiantes por la brecha social”, reconoce. La falta de medios tecnológicos ha llevado a muchas familias a desconectarse de la formación telemática.
La lección fundamental del encierro obligado por la crisis sanitaria es que, asegura, “no hay nada que sustituya la enseñanza presencial”. Por ello es partidario de regresar a las aulas si la pandemia remite y, sobre todo, si se dan todas las condiciones de seguridad para la comunidad educativa. “La ministra busca la cuadratura del círculo: afrontar una nueva normalidad, con muchos condicionantes, sin invertir”, advierte.
Entre las medidas que Isabel Celáa ha puesto sobre la mesa, al margen de la polémica sobre el uso obligatorio de la mascarilla únicamente a partir de quinto de Primaria, están la necesidad de guardar una distancia entre los alumnos de al menos un metro y medio, mantener unidos a los niños de una misma clase y evitar que se mezclen con los de otras unidades o etapas educativas.
La clave, coinciden todos los representantes del sector consultados, está en la rebaja de la ratio a quince estudiantes por aula. Marian Avancino, responsable de Educación en Cádiz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) recuerda que es una reinvindicación tradicional de los profesionales de carácter pedagógico que cobra, en las circunstancias actuales, obligatoriedad para cumplir con las medidas de prevención para evitar contagios del Covid-19. Pero requiere compromiso por la administración.
Comisiones Obreras (CCOO) ha puesto cifras al esfuerzo que debe hacer la Junta. En Andalucía, obligaría a contratar hasta 50.000 docentes e invertir en ello unos 155 millones de euros al mes. En la provincia de Cádiz, señala Sebastián Alcón, secretario general de la organización sindical de Enseñanza, harían falta 7.863 profesionales, con una factura mensual de 21 millones de euros, según un reciente estudio elaborado por la organización sindical.
El Gobierno de Juanma Moreno “debe ponerse las pilas, hay que planificar y programar, adecuar los centros, reforzar las plantillas y recuperar unidades”, apunta. Con respecto a esto último, Alcón considera incomprensible que, justo en el momento en que hace falta más espacio, se reduzca con la supresión de líneas. Este miércoles, la Coordinadora de la Escuela Pública y la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa) Gades se manifestaron contra el cerrojazo de la Institución Provincial y las dudas sobre la continuidad de algunas unidades.
Igulamente, las administraciones han de ofrecer protocolos claros de actuación y demostrar que han aprendido de todo lo que ha sucedido, añade la representante de CSIF. “El curso debe comenzar con todos los recursos sanitarios y técnicos necesarios previstos”, subraya. “Si hay que tomar la temperatura cada mañana, ¿quién lo hará? ¿Cómo?”, se pregunta Moisés Martín. “Hay demasiadas cuestiones sin resolver y -advierte- septiembre está a la vuelta de la esquina”.
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